Arena y ripio en mi terreno: de quién son y qué permiso exige la nueva Ley 21.800

Por Julián Aranda Rojas (egresado en derecho) y Rolando García Contreras (abogado)

La arena, el ripio y las piedras de su terreno no son minerales y nadie puede pedir una concesión minera sobre ellos: la ley los excluye expresamente de las sustancias minerales, de modo que siguen la suerte del suelo y pertenecen al dueño del predio. Pero ser dueño del material no equivale a poder sacarlo. La extracción necesita autorización, y desde febrero de 2027 se rige por un régimen nuevo, el de la Ley 21.800, que suma certificado de origen, garantías, plan de cierre y sanciones penales para la extracción ilegal reiterada.

La escena se repite en todo el valle del Biobío y en el secano de Ñuble. Alguien llega al campo, mira el lecho del río o el pozo de ripio que quedó de una obra antigua, y ofrece pagar por metro cúbico de material. A veces ofrece hacerse cargo de todo, camiones incluidos. El dueño acepta pensando que la arena de su terreno es suya y que no hay más vuelta que darle.

La primera parte de ese razonamiento es correcta. La segunda es la que termina en un juzgado de policía local, y ahora también puede terminar en sede penal.

Por qué los áridos no se piden como concesión minera

En Chile todo el mundo asocia el subsuelo con las concesiones mineras, y de ahí nace la confusión. Pero la Ley 18.097, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, es explícita en su artículo 3: no se consideran sustancias minerales las arcillas superficiales, las salinas artificiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción.

La consecuencia es doble y conviene tenerla clara. Nadie puede constituir una concesión minera sobre la arena o el ripio de su predio, porque esos materiales están fuera del sistema concesional. Y como no pertenecen al Estado por la vía del dominio minero, quedan sometidos al derecho común: acceden al suelo y son del dueño del terreno, igual que los árboles o las piedras.

Esta es la diferencia práctica que más sorprende a los propietarios rurales. Si en su campo aparece oro, cobre o cualquier sustancia concesible, el Estado es dueño del mineral y un tercero puede pedir una concesión sobre él aunque usted se oponga. Si lo que hay es arena, ripio o piedra de construcción, el material es suyo y nadie puede pedirlo.

Ser dueño del material no es lo mismo que poder extraerlo

Aquí se rompe el razonamiento del comienzo. Que los áridos sean del dueño del suelo resuelve la pregunta del dominio, no la de la autorización. Extraer áridos es una actividad regulada por razones que no tienen que ver con la propiedad sino con el cauce, la seguridad de las obras y el medio ambiente.

El marco que ha regido durante décadas viene de la Ley 11.402, de 1953, cuyo artículo 11 dispone que la extracción se hace con autorización de la municipalidad respectiva y previo informe técnico de la Dirección General de Obras Públicas. A eso se suma el DFL 850, que entrega la supervigilancia, la reglamentación y la determinación de zonas prohibidas de extracción, funciones que por resolución del año 2000 quedaron radicadas en la Dirección de Obras Hidráulicas. Y por el lado municipal, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a los municipios la administración de los bienes nacionales de uso público, incluido su subsuelo, y la facultad de otorgar permisos y concesiones sobre ellos.

El resultado es un sistema donde el permiso lo firma el municipio pero el criterio técnico lo pone la autoridad hidráulica. Sacar material sin ese doble respaldo expone a multas que aplica el juzgado de policía local, y que se duplican en caso de reincidencia.

Lo que cambia con la Ley 21.800

El 24 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.800, que reordena por completo la extracción de áridos y reemplaza una arquitectura normativa que estaba repartida entre textos de 1953, 1964 y resoluciones administrativas posteriores. La ley entra en vigencia un año después de su publicación, en febrero de 2027, de modo que hoy corre un período de transición que conviene aprovechar y no dejar pasar.

Estos son los cambios que más afectan a un propietario:

• Autorización en dos etapas. Ya no basta con el permiso municipal. Se requiere una etapa de factibilidad administrativa ante la municipalidad y una habilitación técnica ante la Dirección de Obras Hidráulicas, que pasa a tener un pronunciamiento vinculante. La autorización final se formaliza por decreto alcaldicio.
• Certificado de origen. Todo material árido debe provenir de una fuente de abastecimiento autorizada y contar con un certificado que identifique su procedencia. Las obras de construcción quedan obligadas a mantener copia de esos certificados, lo que traslada el control aguas abajo, hacia quien compra.
• Registro público. La Dirección de Obras Hidráulicas mantiene un registro de las extracciones autorizadas y un catastro de certificados, de manera que la trazabilidad del material queda documentada.
• Garantías. En las extracciones mecanizadas, el titular debe rendir garantías o pólizas de seguro.
• Plan de cierre. Antes de terminar la faena hay que presentar un plan destinado a remediar los efectos adversos de la extracción. El pozo abandonado, que hasta ahora era el final natural de muchas explotaciones, deja de ser una salida.
• Zonas prohibidas. Se puede declarar la prohibición de extraer cuando la actividad afecte la dinámica hidráulica del cauce.

El ámbito de aplicación es el que más importa al dueño ribereño. La ley regula la extracción en cauces naturales no navegables por buques de más de cien toneladas y en las zonas de regulación anexa a esos cauces, y esas zonas adyacentes pueden alcanzar terrenos de propiedad privada. Dicho de otro modo, el hecho de que el pozo esté dentro de su predio y no en el lecho del río no lo deja automáticamente fuera del régimen. La extracción de áridos marinos quedó excluida y sigue con su normativa propia.

Las sanciones dejaron de ser solo una multa

Este es el punto que cambia el cálculo de riesgo para cualquiera que hoy esté sacando material sin papeles en regla.

La ley contempla multas de 30 a 100 unidades tributarias mensuales para el material que circule sin acreditación de origen, y de 60 a 200 unidades tributarias mensuales para la falsificación de certificados. Pero además incorpora una figura penal: la extracción ilegal reiterada, entendida como aquella que se produce después de haber sido sancionada administrativamente más de una vez dentro de dos años, se castiga con pena de presidio menor.

Para el dueño del terreno esto significa que la responsabilidad ya no se agota en el tercero que se llevó el material. Si la extracción ocurre en su predio, con su conocimiento y sin autorización, la exposición es propia, no ajena.

Qué revisar antes de aceptar que le compren el ripio

Si alguien le ofrece pagar por el material de su campo, la conversación no debería partir por el precio por metro cúbico. Debería partir por estas cinco preguntas:

• ¿Dónde está exactamente el punto de extracción? No es lo mismo un pozo en la parte alta del predio que uno a orillas del cauce. Determinar la distancia real al lecho exige un levantamiento topográfico, no un cálculo a ojo sobre una imagen satelital.
• ¿Quién va a figurar como titular de la autorización? Si el permiso queda a nombre del contratista, el plan de cierre y las garantías también. Si queda a su nombre, usted asume las obligaciones aunque el que opere sea otro.
• ¿Está el predio dentro de una zona prohibida? La autoridad hidráulica puede haber declarado prohibición de extracción en ese tramo del cauce, y ese antecedente se consulta antes de firmar, no después.
• ¿Cómo queda el terreno al final? El plan de cierre define quién rellena, quién estabiliza taludes y quién responde si el pozo cambia el escurrimiento y termina inundando al vecino de abajo.
• ¿Qué dice su título sobre los deslindes hacia el río? Muchas inscripciones antiguas describen el deslinde por el cauce, y si el río se movió, la superficie real y la inscrita ya no coinciden. Ese desfase es exactamente el problema que analizamos en el artículo sobre las tierras que deja el río al retirarse, y conviene resolverlo antes de autorizar cualquier extracción.

Preguntas frecuentes sobre extracción de áridos

¿Pueden pedir una concesión minera sobre la arena de mi terreno?

No. La ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras excluye expresamente de las sustancias minerales a las arenas, rocas, arcillas superficiales y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Al quedar fuera del sistema concesional, esos materiales siguen la suerte del suelo y pertenecen al dueño del predio, que es justamente lo contrario de lo que ocurre con el cobre o el oro.

Si los áridos son míos, ¿puedo sacarlos sin pedirle permiso a nadie?

No. El dominio sobre el material y la autorización para extraerlo son cosas distintas. La extracción está regulada por razones hidráulicas y ambientales, y requiere autorización municipal con pronunciamiento técnico de la autoridad de obras hidráulicas. Sacar material sin ese respaldo expone a multas que aplica el juzgado de policía local, y que se duplican si hay reincidencia.

¿Desde cuándo rige la Ley 21.800 y qué pasa mientras tanto?

La ley se publicó el 24 de febrero de 2026 y entra en vigencia un año después, en febrero de 2027, aplicándose a las nuevas solicitudes. Durante este período de transición sigue rigiendo el régimen anterior, lo que abre una ventana para ordenar la situación de una extracción existente antes de que el estándar suba.

¿La ley aplica si el pozo está dentro de mi terreno y no en el río?

Depende de la ubicación exacta. El régimen alcanza los cauces naturales y también las zonas de regulación anexa a esos cauces, que pueden comprender suelo de propiedad privada. Estar dentro del predio no basta para quedar fuera: lo que define la situación es la distancia al cauce y la delimitación de esa zona adyacente, y eso se determina con un levantamiento, no con una apreciación visual.

¿Qué es el certificado de origen y a quién le sirve?

Es el documento que acredita que el material proviene de una fuente autorizada. La ley obliga a que todo árido lo tenga y a que las obras de construcción mantengan copia, de modo que el control se ejerce también sobre el comprador. En la práctica esto significa que el material sin papeles va a perder mercado, porque la constructora que lo reciba asume su propio riesgo de sanción.

¿Puedo arrendar el pozo a un tercero y desentenderme?

Conviene ser cuidadoso con esa idea. Quién asume las obligaciones depende de a nombre de quién quede la autorización y de cómo se redacte el contrato, pero si la extracción ocurre en su predio con su conocimiento y sin permiso, la exposición no desaparece por el solo hecho de que opere otro. Definir la titularidad, las garantías y el plan de cierre por escrito es parte del negocio, no un trámite posterior.

El material es suyo, la responsabilidad también

La extracción de áridos ha vivido durante décadas en una zona gris: material que pertenece al dueño del suelo, regulado por normas dispersas y fiscalizado de manera desigual según la comuna. La Ley 21.800 cierra esa zona gris, y lo hace con trazabilidad documental y con una figura penal al final del camino.

En Terreno en Regla revisamos la situación registral del predio y sus deslindes hacia el cauce, determinamos con topografía dónde queda el punto de extracción respecto de la zona regulada, y estructuramos el contrato con el tercero que explota, de modo que la titularidad de la autorización, las garantías y el plan de cierre queden donde corresponde antes de que salga el primer camión.